Para garantizar los pagos de pensiones, prestaciones familiares y la financiación de la atención sanitaria, el estado cuenta con el Urssaf Caisse nationale, antiguo Acoss, destaca la versión digital del diario Le Monde.

El 70 por ciento de los ingresos de esa entidad, que funciona como un banco, proviene de recursos obtenidos mediante títulos de deuda emitidos en la City de Londres y adquiridos por fondos del mercado monetario y empresas extranjeras.

Para el otro 30 por ciento, se busca el dinero a partir de títulos emitidos en París, tanto a corto como a medio plazo, destaca la publicación.

La duración media de sus préstamos es de unos 80 días, lo que significa que renueva su deuda más de cuatro veces al año.

El riesgo no proviene tanto del volumen de su deuda como de su dependencia de inversores, a menudo extranjeros y sensibles a las calificaciones crediticias, explica el experto Anthony Morlet-Lavidalie.

Precisamente, a esos inversores es necesario convencerlos de que renueven sus desembolsos cada dos o tres meses. Es decir, el Urssaf necesita encontrar continuamente inversores dispuestos a prestarle dinero, constató.

¿Dónde está el peligro? Si aumenta la desconfianza de los mercados hacia la deuda francesa, los inversores podrían exigir intereses más altos o negarse a renovar esos préstamos.

La Urssaf tendría entonces más dificultades y costes para conseguir financiación, lo que podría repercutir en el funcionamiento de la Seguridad Social.

No significa que las pensiones vayan a dejar de pagarse de inmediato, sino que un problema financiero aparentemente lejano puede terminar con afectaciones a servicios esenciales para la población, de ahí las razones para el aumento de la preocupación por la deuda.

Francia camina ahora en un círculo vicioso, cuando el aumento del débito trae enormes desembolsos en el pago del servicio de la deuda, mientras que el Gobierno considera necesario bajar el déficit presupuestario, un factor clave que eleva el dinero endeudado.

Pero para ello, en lugar de explorar otras áreas, propone 54 mil millones de euros en recorte, sobre todo vinculado a pensiones, atención médica y el sector público y ello a su vez lleva a un estallido social, con dos paros nacionales en menos de 30 días.

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