Durante una conferencia de prensa sobre las labores de recuperación, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, precisó que se mantiene en 27 la cifra de personas con heridas leves, sin reportes de fallecidos ni desaparecidos.

El funcionario agregó que más de 600 centros educativos y 90 edificios gubernamentales también presentan daños y aclaró que los datos continuarán actualizándose a partir de los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció que los titulares de las carteras de Educación, Salud, Vivienda, Desarrollo Social y Obras Públicas se trasladarán mañana miércoles a las provincias centrales más afectadas, entre ellas Coclé, Herrera, Veraguas y Los Santos.

Orillac e Icaza, al frente de la comisión encargada de gestionar la crisis, ofrecerán conferencias de prensa diarias desde la región de Azuero para informar sobre la evolución de la emergencia y las acciones gubernamentales.

Asimismo, el titular de la Presidencia exhortó a la población a evitar la difusión de informaciones no verificadas en las redes sociales y a consultar los reportes de fuentes oficiales.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el Gobierno dispone de mecanismos para movilizar recursos destinados a la asistencia de los damnificados y la recuperación de las zonas afectadas, sin comprometer el cumplimiento de las metas fiscales.

Explicó que la declaratoria de estado de emergencia permite solicitar a la Asamblea Nacional una dispensa de la Ley de Responsabilidad Fiscal; sin embargo, afirmó que, según las estimaciones preliminares, no será necesario recurrir a esa medida, pues el país podría cumplir la meta de déficit fiscal equivalente al 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Sobre el Fondo de Ahorro de Panamá, Chapman señaló que su utilización está condicionada a que los daños ocasionados por desastres naturales superen el 0,5 por ciento del PIB, unos 450 millones de dólares.

En ese sentido, consideró que la emergencia no alcanzaría ese umbral y recordó que el Consejo de Gabinete autorizó hasta 100 millones de dólares para atender la situación.

El funcionario anunció, además, la constitución de un fideicomiso entre esa institución y el Banco Nacional de Panamá, refrendado por la Contraloría General de la República, para canalizar con agilidad los recursos destinados a la emergencia.

Los fondos iniciales procederán de donaciones y aportes no reembolsables de organismos e instituciones financieras internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Chapman indicó que solo si esos recursos resultaran insuficientes se recurriría a líneas especiales de crédito para emergencias, con condiciones más favorables que las del financiamiento ordinario en los mercados internacionales.

Asimismo, adelantó que se trabaja en la creación de un segundo fideicomiso con participación del sector privado, destinado a recibir aportes de empresas nacionales e internacionales para apoyar la reconstrucción y garantizar una administración transparente de las donaciones.

Las autoridades reiteraron que las labores de evaluación y recuperación continúan, mientras avanzan las inspecciones para determinar la magnitud de los daños y las necesidades de las comunidades afectadas.

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