Desde un centro de acopio habilitado en esta capital, la vocera del colectivo, Isabel Guzmán, leyó un pronunciamiento en el que expresó solidaridad con las comunidades afectadas, especialmente en la zona central del istmo, donde numerosas familias aún esperan asistencia.
La organización advirtió que la catástrofe agravó las condiciones de vulnerabilidad de sectores con menos recursos, que enfrentan mayores dificultades para recuperar sus viviendas, medios de subsistencia y acceso a servicios básicos.
El documento cuestionó que se minimice el impacto del desastre por la ausencia de víctimas mortales y subrayó que miles de personas han sufrido pérdidas materiales y viven en condiciones de incertidumbre.
Los movimientos sociales reclamaron una respuesta integral que incluya atención médica, medicamentos y apoyo psicológico, con especial prioridad para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación económica precaria.
En materia educativa, señalaron la necesidad de evaluar las infraestructuras dañadas antes de reanudar las clases, al tiempo que reclamaron condiciones seguras para estudiantes y docentes.
La alianza pidió al Gobierno que distribuya la ayuda humanitaria de manera oportuna, transparente y equitativa, con criterios claros y participación de las propias comunidades en la identificación de las necesidades.
Durante la comparecencia, la dirigente sindical Nelva Reyes cuestionó el uso de los recursos públicos y reclamó que el Fondo de Ahorro de Panamá contribuya a las labores de recuperación.
También criticó la participación de militares estadounidenses en las tareas de reconstrucción y consideró que corresponde al Ejecutivo panameño asumir la responsabilidad de atender a las poblaciones afectadas.
Por su parte, Jorge Guzmán, coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), anunció que dirigentes de las principales organizaciones sociales se reunirán en noviembre para evaluar la situación y analizar la respuesta gubernamental.
El dirigente comparó la actuación oficial ante la emergencia con el despliegue de fuerzas de seguridad durante las protestas contra la reforma de la seguridad social en la provincia occidental de Bocas del Toro en mayo de 2025, y cuestionó la magnitud de los recursos movilizados en ambos escenarios.
Asimismo, alertó sobre los riesgos ambientales asociados a una eventual reapertura de la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón, y sostuvo que la tragedia vuelve a poner de relieve la necesidad de atender las advertencias de las organizaciones ambientalistas.
La alianza concluyó que la reconstrucción debe ir más allá de la reparación de infraestructuras y garantizar la protección de los derechos, la seguridad y las condiciones de vida dignas de las comunidades afectadas.
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