La Central Única de los Trabajadores calificó la iniciativa como una conquista histórica y destacó sus beneficios para la salud, la dignidad y la convivencia familiar de quienes laboran seis días por uno de descanso.

Manifestó que la reducción de la jornada sin disminución salarial responde a una reivindicación histórica del movimiento sindical, presente en su agenda hace más de cuatro décadas.

También llamó a los trabajadores a vigilar la aplicación de los nuevos derechos y los acuerdos colectivos para evitar posibles maniobras que eludan las futuras disposiciones.

Por su parte, la Unión General de los Trabajadores respaldó la medida y señaló que las jornadas excesivas generan cansancio y reducen el tiempo disponible para la familia, el ocio y el cuidado de la salud.

El presidente de esa entidad, Ricardo Patah, consideró que el resultado es fruto de la persistencia y la movilización en defensa de los derechos laborales.

Como contraste, representantes del sector empresarial expresaron preocupación por el aumento de los costos de producción, los posibles efectos sobre el empleo y la competitividad, así como por eventuales presiones inflacionarias.

La Confederación Nacional de la Industria estimó que la reducción de la jornada podría generar un impacto de 267 mil millones de reales (53,4 mil millones de dólares) en las empresas y elevar la inflación promedio en 6,2 por ciento.

Su titular, Ricardo Alban, cuestionó la rapidez de la votación en la Cámara Alta y afirmó que los futuros efectos no fueron evaluados suficientemente.

La Federación de Industrias del Estado de São Paulo criticó que la propuesta se aprobara antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y advirtió sobre posibles consecuencias para sectores como la salud, la educación, el transporte y los supermercados.

A su vez, la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes calculó que los gastos del sector podrían aumentar hasta 20 por ciento y advirtió sobre el riesgo de cierres de establecimientos.

El Senado aprobó ayer la PEC en dos turnos, con 75 votos favorables y uno en contra en cada votación.

Tal propuesta establece la reducción gradual de la jornada máxima semanal de 44 a 40 horas, con dos días de descanso remunerado y sin recorte salarial, y contempla un período de transición de 14 meses después de su promulgación.

Reportes de prensa expusieron que la discusión sobre su aplicación enfrentará ahora el desafío de conciliar la ampliación del tiempo de ocio de los trabajadores con las preocupaciones empresariales sobre costos, empleo y productividad.

arc/dsa