La propuesta, impulsada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, contempla recortar recursos previstos para un plan plurianual de desarrollo económico y social de esa comunidad, cuya ejecución estaba programada para 2027, 2028 y 2029.
Según el periódico, los ministros israelíes examinaron la primera fase de un plan de recortes presupuestarios por un total de tres mil 630 millones de séqueles (mil 180 millones de dólares) destinado a aumentar los recursos para los servicios militares y de seguridad.
Esa etapa contempla asignar mil 30 millones de séqueles (335 millones de dólares) a la compra de equipamiento militar clasificado, mientras que una segunda fase se dedicaría a otras necesidades de seguridad consideradas urgentes.
La propuesta de Smotrich prevé reducir los fondos para el desarrollo de la comunidad árabe en 170 millones de séqueles (55 millones de dólares) en 2027, 342 millones de séqueles (111 millones de dólares) en 2028 y 453 millones de séqueles (147 millones de dólares) en 2029.
La suma de los recortes anuales asciende a unos 965 millones de séqueles, cifra aproximada a los 964 millones de dólares citados en la propuesta, de acuerdo con las cantidades publicadas por Haaretz.
La iniciativa generó críticas de representantes políticos y organizaciones de derechos humanos. La Lista Conjunta, alianza integrada por tres partidos políticos árabes, condenó la reducción de los recursos para la comunidad que, según denunció, se utilizarían para financiar la adquisición de helicópteros de combate Apache.
En un comunicado difundido el miércoles, la alianza acusó al Gobierno de Netanyahu de priorizar el gasto militar frente a las inversiones destinadas al bienestar de la población.
La agrupación sostuvo además que los ciudadanos árabes afrontan abandono, discriminación y condiciones económicas difíciles, agravadas, según afirmó, por el aumento de la delincuencia organizada y del costo de vida.
Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció que presentó un requerimiento urgente ante el Gobierno y el fiscal general para solicitar que no se apruebe la propuesta de Smotrich.
La organización argumentó que la medida desviaría recursos reservados para un futuro programa plurianual de desarrollo de la comunidad árabe hacia adquisiciones vinculadas a la seguridad.
Los ciudadanos árabes representan alrededor del 20 por ciento de la población de Israel, estimada en unos 10 millones de habitantes, y denuncian discriminación en las políticas gubernamentales.
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