Las detenciones fueron ordenadas por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, durante la octava fase de la Operación Unha e Carne, dirigida contra una organización sospechosa de utilizar una red de estaciones de servicio para ocultar recursos ilícitos.

Según medios brasileños, Canella, del partido Unión Brasil, fue arrestado en su vivienda, en el barrio de Barra da Tijuca, mientras que Amim, delegado policial y exsecretario estatal de Policía Civil, también quedó bajo custodia.

La operación incluye seis órdenes de prisión preventiva y 16 de registro e incautación en siete municipios del estado de Río de Janeiro.

Además, las autoridades ordenaron el bloqueo de bienes y valores, así como la suspensión de las actividades de 112 empresas investigadas, de las cuales 96 serían estaciones de servicio.

Un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras identificó movimientos por 7,6 mil millones de reales (unos mil 500 millones de dólares) durante seis años, en el marco de las pesquisas sobre el presunto entramado, de acuerdo con la prensa local.

Los investigadores examinan posibles delitos de organización criminal armada, lavado de dinero, corrupción y formación de cártel, entre otros. Las sospechas apuntan a una presunta articulación entre empresarios y agentes públicos para facilitar las operaciones financieras investigadas.

Canella, expresidente municipal de Belford Roxo y titular de Unión Brasil en Río de Janeiro, obtuvo 197 mil 178 votos en las elecciones del 4 de octubre, resultado que lo convirtió en el segundo candidato más votado para la Asamblea Legislativa estatal.

El político ya había sido objeto de una operación policial en julio, cuando fue detenido en flagrancia después de que los agentes encontraran un fusil en su automóvil, y entonces alegó que el arma pertenecía a un integrante de su equipo de seguridad y quedó en libertad.

Canella mantiene vínculos políticos con el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal a la Presidencia de Brasil; y Amim, por su parte, dirigió la Policía Civil durante el gobierno estatal de Cláudio Castro.

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