El órgano que asesora técnicamente al Ministerio de Justicia dio su visto bueno al proyecto de ley que ahora comenzará su tránsito por el Congreso, donde deberá superar ocho debates, cuatro en Cámara y cuatro en Senado, y concluir todo su trámite antes del 20 de junio del próximo año.

Al ser tramitada como una legislación estatutaria, la iniciativa deberá contar, antes de su promulgación, con la venia de la Corte Constitucional, que revisará si cumple con todas las garantías consignadas en la Carta Magna.

Según denunció el partido Pacto Histórico, la propuesta gubernamental contempla la “Lista de la Espriella”, inspirada en mecanismos estadounidenses como la Lista OFAC (el listado de sanciones del Departamento del Tesoro) y la designación de organizaciones terroristas.

“Esto despierta preocupaciones sobre la soberanía nacional, el debido proceso y una posible persecución política”, alertó.

El líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, subrayó por su parte que el llamado “estatuto antiterrorista” representa la sustitución de la democracia por un régimen dictatorial.

“Implica más que violaciones de derechos humanos, la anulación de facto de los derechos humanos. Los crímenes de Estado cobrarán la forma de acciones legalizadas. Las megacárceles se proyectan, en realidad, como campos de concentración”, refirió.

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