El dictamen, aprobado por unanimidad, estableció que el denominado Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambas naciones está sujeto a los numerales 3 y 6 del artículo 419 de la Constitución, relativos a tratados que requieren cambios legales o comprometen al país en acuerdos de integración y comercio.

El tribunal precisó que este pronunciamiento corresponde a la primera fase del control constitucional de los tratados internacionales y que continuará con el análisis de compatibilidad con la carta magna.

El convenio, suscrito en Washington el 13 de marzo de este año tras meses de negociación, elimina la sobretasa arancelaria aplicada por Estados Unidos a productos ecuatorianos.

De acuerdo con las autoridades, el pacto permitirá que alrededor del 53 por ciento de las exportaciones no petroleras ingresen al mercado estadounidense con mejores condiciones comerciales.

El acuerdo también contempla la reducción de aranceles para ciertos bienes del país norteño, en particular maquinaria agrícola, equipos industriales y maquinaria para la construcción, con el objetivo de abaratar costos productivos.

Mientras gremios empresariales celebraron el documento por considerar que ampliará oportunidades de exportación y crecimiento, analistas y sectores de oposición expresaron preocupación por sus posibles efectos en la producción local y en la competencia con bienes importados.

La Plataforma de Jubilados y Jubiladas del Ecuador, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y el movimiento Unitierra, presentaron en mayo un pedido para que el pacto sea declarado inconstitucional.

Los grupos sociales argumentan que el convenio no constituye un pacto comercial ordinario, sino que establece compromisos de carácter político, militar, migratorio, tecnológico y de seguridad.

Entre los aspectos cuestionados mencionaron disposiciones que, a su juicio, permitirían la participación de empresas estadounidenses en adquisiciones del sector Defensa, abrirían licitaciones de proyectos estratégicos en áreas como petróleo y minería, y comprometerían al país a alinearse con sanciones económicas dictadas por Washington.

También cuestionan cláusulas relacionadas con política migratoria, al considerar que convierten a Ecuador en un mecanismo de control regional al servicio de los intereses de seguridad de Estados Unidos.

Legisladores del movimiento Revolución Ciudadana presentaron otro pedido para declarar como inconstitucional el acuerdo bilateral que, según afirman, afectaría el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria.

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