En declaraciones desde la Base de Misiones Villa Zoila, ubicada en la Cota 905, en la ciudad de Caracas, la gobernante indicó que restan pocas horas para que las mujeres y hombres de las comunidades salgan a votar y a “ejercer la democracia protagónica y participativa”.
El 18 de octubre participarán un total de cinco mil 418 comunas o circuitos comunales de todo el país para elegir entre 37 mil 205 proyectos de desarrollo comunitarios elegidos en asamblea abiertas por el pueblo, los que luego reciben financiamiento del Gobierno.
Rodríguez destacó que, por primera vez, en las elecciones participarán las Juntas de Condominio, las cuales postularon 428 proyectos entre ese total.
La jefa de Estado significó que constituye “un avance extraordinario” para el país esta etapa y llamó al pueblo preservarla.
Valoró que la Consulta Popular afianza la decisión del poder popular en los asuntos cotidianos de la población y de la comunidad.
En estos comicios estarán habilitados más de 11 mil centros de votación en el territorio nacional, lo cuales contarán con 12 mil 700 mesas electorales para recibir a los votantes.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó la víspera por toda Venezuela más de 130 mil efectivos como parte del Plan República, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad en la Consulta Popular Nacional.
En declaraciones a Venezolana de Televisión, a propósito del cierre de campaña, el ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales Ángel Prado explicó que el proceso tiene un cronograma de trabajo acordado con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual se ha ido cumpliendo por fases.
Prado comentó sobre la agenda concreta de acción elaborada a inicios de año, la cual sirve de planificación y en base a ello las comunas deciden sus siete proyectos, cuya información va un sistema del CNE a través del cual las personas seleccionan la opción de su preferencia.
El titular se refirió al control estricto en el manejo de los recursos otorgados por el Gobierno, mediante un documento firmado por la comunidad que “avala la solvencia moral” de la vocería que ejecutó el proyecto y el proceso finaliza con la entrega de la obra en asamblea.
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