La controversia se intensificó tras la emisión del Decreto 635-26, firmado por el presidente Luis Abinader, que dejó sin efecto el Decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024.

La disposición anterior establecía un sistema arancelario específico para las importaciones del cereal, en el contexto de los compromisos asumidos por el país en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

La decisión ha generado preocupación entre productores y representantes de la agroindustria, que advierten sobre las diferencias de costos, tecnología, financiamiento y escala entre las explotaciones agrícolas dominicanas y las estadounidenses.

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios solicitó al Gobierno que explique las medidas para proteger a los agricultores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

También pidió aclarar si la derogación estuvo precedida por una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, como establecía el decreto anterior.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez, planteó la necesidad de ampliar el acceso a créditos de largo plazo y bajas tasas de interés, con períodos de gracia y garantías ajustadas a las características de la actividad agrícola.

Rodríguez señaló que los fertilizantes representan entre el 35 y el 40 por ciento de los costos de producción y reclamó respaldo durante las etapas del cultivo, desde la preparación de los terrenos hasta el control de plagas y malezas.

También defendió la reapertura de las exportaciones hacia Haití, mercado que, según estimaciones del sector, puede absorber un volumen adicional significativo.

El dirigente estimó que la actividad reúne a unos 32 mil productores y genera alrededor de 300 mil empleos directos e indirectos, entre agricultores, trabajadores, factorías y otros participantes de la cadena productiva.

Por su parte, Heraldo Suero, director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, sostuvo que la soberanía alimentaria no debe quedar subordinada a las negociaciones comerciales con Estados Unidos, debido a las diferencias económicas y productivas entre ambos países.

Ante las preocupaciones del sector, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, anunció este viernes que el Gobierno prepara un fondo especializado para mejorar la productividad y sostenibilidad del cultivo.

La controversia se desarrolla en torno a dos objetivos que el Gobierno deberá conciliar: cumplir los compromisos comerciales y mantener las condiciones necesarias para que los productores dominicanos puedan competir y abastecer el mercado nacional.

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