El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, explicó que deberán discutir primero el informe de minoría presentado por la bancada Vamos. Si este resulta aprobado, la iniciativa regresaría a primer debate.

Sin embargo, el diputado Luis Duke, de Vamos, manifestó su escaso optimismo sobre esa posibilidad y consideró más probable que el informe sea rechazado y continúe la discusión en segundo debate.

Cedeño calificó esa votación como el primer pulso político en el Legislativo, pues permitirá medir el respaldo de los diputados a las objeciones planteadas por la minoría frente al texto aprobado en la etapa anterior.

El informe fue presentado el pasado 8 de octubre por las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler D’Orcy. Entre sus principales argumentos sostiene que las modificaciones aprobadas en primer debate restringen derechos políticos constitucionales, tanto para la creación de nuevas organizaciones como para la participación de candidatos por libre postulación y el voto por nuevas opciones electorales.

La discusión parlamentaria se reanuda después de una semana de sesiones irregulares, tras el sismo del 9 de octubre. El lunes 12 no hubo sesión y al día siguiente el pleno se trasladó al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), mientras se evaluaba la estructura del edificio de la Asamblea Nacional.

Durante el primer debate, los diputados Benicio Robinson, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas, introdujeron modificaciones a la propuesta original del Tribunal Electoral, cuestionadas por organizaciones y sectores de la sociedad civil que reclaman devolver el proyecto a la fase inicial de discusión.

Entre los cambios controvertidos figura la exclusión de los adherentes iniciales del cómputo de afiliados de los partidos políticos en formación, una vez que el Tribunal Electoral (TE)autorice la recolección de firmas para su constitución.

También generan críticas el aumento del financiamiento privado de las candidaturas y las modificaciones a la estructura interna de las organizaciones políticas.

Esta última propuesta, presentada por Robinson, traslada la representación legal del PRD de la secretaría general a la presidencia del colectivo.

El informe de minoría advierte, además, que el incremento del financiamiento privado en las campañas podría vulnerar los principios constitucionales de libertad e igualdad del sufragio.

Cedeño señaló que, si el pleno decide continuar con el segundo debate, los diputados que cuestionan esos artículos tienen preparadas sus objeciones para promover cambios al texto.

El período ordinario de sesiones concluye el próximo 31 de octubre. Según lo previsto, al pleno le restan ocho sesiones, aunque ese calendario podría ampliarse si se habilitan los dos últimos viernes del mes.

Las próximas elecciones generales en Panamá se realizarán en mayo de 2029.

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