Para el ministerio de Justicia Gérarld Darmanin, “no existe la necesidad de privar a todos los franceses de la libertad individual con la aplicación de un estado de emergencia porque tengamos a unos cuantos miles de delincuentes y de molestos”, declaró al canal C-News.

Sin embargo, Darmanin tampoco descartó por principio la puesta en práctica del estado de excepción, destacó el medio de difusión galo.

Por su lado, el primer ministro Sébastien Lecornu afirmó que a partir de esta jornada se incluiría a la ciudad de Marsella, entre las ciudades afectadas por un toque de queda parcial que desde ayer se puso en vigor en dos zonas en esta capital, Lyon y Niza.

Tras los actos de violencia que siguieron al término de la jornada de manifestaciones pacíficas del día 17 contra el alto coste de la vida, Lecornu pidió a algunos prefectos que impusieran toques de queda y celebró que la última noche había sido “tranquila”.

La suspensión de libertades ciudadanas se aplicó desde las 23:00, hora local, hasta las 06:00, hora local, de esta jornada y ahora se extenderá, aclaró el jefe de Gobierno. En esta urbe la limitación se impuso en la Plaza de La República y en el céntrico barrio de Halles.

En el caso de Marsella, el ministerio del Interior señaló en su momento que unos 30 mil elementos extremistas, infiltrados en demostraciones pacíficas realizaron saqueos de comercios y otras instituciones, incluida la sede de la alcaldía de esa ciudad.

Al respecto, el alcalde socialista de esa ciudad francesa, Benoît Payan, defendió el derecho legítimo de los estudiantes y ciudadanos a manifestarse, pero condenó con firmeza los destrozos y ataques registrados durante las protestas.

“La República no puede quedar en manos de hordas y bandas de vándalos”, afirmó, al tiempo que rechazó que los responsables de los disturbios se confundan con quienes protestan pacíficamente por reivindicaciones legítimas.

En un sentido similar se pronunció el alcalde de esta capital, Emmanuel Grégoire, quien estimó que la crisis no se resolverá únicamente con medidas policiales y reclamó negociaciones con las organizaciones estudiantiles, de los liceos y de los trabajadores.

Señaló que confluyen las protestas juveniles y el malestar de amplios sectores de la población, afectados por el encarecimiento de los carburantes y de la energía.

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