La discusión del proyecto de ley 699 quedó interrumpida la víspera, tras un intercambio de posiciones entre diputados sobre la participación de magistrados del Tribunal Electoral (TE) en la sesión, lo que obligó a declarar un receso y posteriormente suspender el encuentro.

La bancada Vamos insiste en que la iniciativa regrese a primer debate, a partir de un informe de minoría presentado por las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, quienes advierten que algunas modificaciones podrían restringir derechos políticos y vulnerar principios constitucionales. El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, explicó que el pleno deberá pronunciarse primero sobre ese documento. Si resulta aprobado, el proyecto volvería a la fase inicial de discusión; de lo contrario, continuaría el segundo debate.

Por su parte, el diputado Luis Duke, de Vamos, expresó dudas sobre la posibilidad de que prospere el informe, mientras Cedeño consideró la votación un primer pulso político para medir el respaldo parlamentario a las objeciones planteadas.

Entre los aspectos cuestionados figura la exclusión de los adherentes iniciales del cómputo de afiliados de los partidos en formación, una vez autorizada la recolección de firmas por el TE.

También generan críticas el aumento del financiamiento privado de las candidaturas y los cambios en la estructura interna de las organizaciones políticas.

El informe de minoría sostiene que esas disposiciones podrían afectar la participación de candidatos por libre postulación, la creación de nuevas agrupaciones y el ejercicio del voto por opciones electorales emergentes.

Asimismo, advierte que el incremento del financiamiento privado podría vulnerar los principios de libertad e igualdad del sufragio.

Las reformas incorporadas durante el primer debate por los diputados Benicio Robinson, del tradicional Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas, también recibieron cuestionamientos de organizaciones y sectores de la sociedad civil.

El TE, cuyos magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra solicitaron intervenir ante el pleno, ha advertido que algunas modificaciones introducidas en la Comisión de Gobierno representan, a su juicio, un retroceso para el sistema electoral panameño.

La discusión se reanuda tras una semana de sesiones irregulares debido al sismo de magnitud 7,5 ocurrido el 9 de octubre.

El período ordinario de sesiones concluye el próximo 31 de octubre, por lo que al Legislativo le quedan ocho sesiones previstas, con la posibilidad de extender el calendario si se habilitan los dos últimos viernes del mes.

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