La jefa del Ejecutivo refirió que también se hablará sobre las denuncias y detenciones en torno a este delito.
En julio último, la fiscal general Ernestina Godoy anunció la desarticulación de la mayor red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y de distribución ilegal de hidrocarburo.
El esquema ilícito, entre cuyos presuntos líderes se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo (1989-1995), habría causado un daño al fisco superior a los cuatro mil millones de pesos (228 millones 301 mil 320 dólares).
La investigación permitió obtener 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la de Ruffo, del opositor Partido Acción Nacional, ya cumplimentada.
Godoy refirió que esta organización realizaba acciones consistentes en “introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas”, y estaba integrada por “estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas”.
El Gabinete de Seguridad ha subrayado en reiteradas ocasiones que mantiene una estrategia permanente para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos, afectar las fuentes de financiamiento de tales organizaciones y detener a quienes se benefician de estas actividades.
La más reciente encuesta nacional del medio El Financiero, difundida a principios de este mes, preguntó a los consultados sobre su percepción en torno al combate al huachicol (robo o contrabando de combustibles), ante lo cual 35 por ciento vio avances y 30, retroceso.
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