Coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa movilizó a las fuerzas policiales de todo el país desde el pasado 1 de junio y tiene carácter permanente, divulgó la Agencia Brasil.

Del total de detenciones, precisaron datos oficiales, 49 mil 129 ocurrieron en flagrancia y ocho mil 661 fueron ejecutadas mediante órdenes judiciales.

Entre los principales delitos registrados figuran las lesiones corporales, con 16 mil 644 casos, las amenazas (15 mil 19), y el incumplimiento de medidas de protección urgentes (cuatro mil 949).

Durante las diligencias, las autoridades atendieron a 228 mil 194 víctimas, realizaron 155 mil 641 seguimientos de medidas de protección y efectuaron 50 mil 239 visitas preventivas.

Asimismo, las actividades educativas presenciales llegaron a 669 mil 945 personas, mientras que el despliegue de los uniformados abarcó a cuatro mil 253 municipios.

Para cumplir esas tareas, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública movilizó a 123 mil 878 policías y 44 mil 906 vehículos en las 27 entidades federativas.

Por regiones, el Sur concentró el 36 por ciento de las detenciones, seguido por el Centro-Oeste (26), el Sudeste (18), el Nordeste (16) y el Norte (cuatro).

Dicha fuente de prensa subrayó que la operación combina medidas represivas con iniciativas sociales y educativas, el acompañamiento de mujeres amparadas por medidas de protección, y visitas para identificar situaciones de riesgo.

Sus objetivos son fortalecer la respuesta estatal ante la violencia contra las féminas y evitar que las agresiones evolucionen hacia delitos más graves.

El Ministerio de Justicia prevé que, hasta finales de año, la iniciativa permita retirar de las calles a 100 mil agresores.

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