El organismo considera que estas deficiencias debilitan las finanzas de las empresas distribuidoras, limitan su capacidad para reinvertir en las redes y reducen el atractivo de nuevos proyectos en generación, transmisión y distribución de electricidad.

Tomás Bermúdez, gerente del Departamento Regional de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del BID, explicó que el problema trasciende el funcionamiento del sector eléctrico y puede afectar las posibilidades de ampliar la actividad productiva.

República Dominicana busca atraer inversiones de mayor valor agregado y fortalecer sectores exportadores como las zonas francas, que en 2025 generaron más de ocho mil 500 millones de dólares en exportaciones y cuentan con alrededor de 200 mil empleos directos, según los datos citados por el ejecutivo.

Sin embargo, para aprovechar esas oportunidades, el país necesita garantizar un suministro eléctrico confiable, redes adecuadas y precios competitivos, además de mejorar la logística, la disponibilidad de trabajadores cualificados y la seguridad jurídica para los inversionistas.

Entre las medidas que plantea el BID figuran modernizar las subestaciones y líneas eléctricas, incorporar sistemas de medición inteligente y optimizar el mantenimiento de las instalaciones para reducir las pérdidas técnicas y comerciales.

Asimismo, considera necesario avanzar hacia una regulación independiente y una recuperación gradual de los costos del servicio eléctrico, con mecanismos de protección focalizados en los hogares vulnerables.

El organismo también destaca la importancia de adaptar las redes para incorporar una mayor proporción de fuentes renovables. En República Dominicana, la participación de estas energías pasó del 16 por ciento en 2021 al 25 por ciento en 2025, según detalló.

Para facilitar esa transición, propone modernizar las reglas del mercado eléctrico, mejorar la planificación y operación del sistema e impulsar tecnologías de almacenamiento.

El financiamiento representa otro desafío, pues el Grupo BID estima que República Dominicana y otros países de la región necesitan destinar anualmente alrededor del 0,60 por ciento del producto interno bruto a infraestructura eléctrica.

Ante las limitaciones de los recursos públicos, el organismo plantea movilizar capital privado mediante alianzas público-privadas, garantías y mecanismos de financiamiento combinado.

En el caso dominicano, estos instrumentos buscan movilizar más de mil 100 millones de dólares en cofinanciamiento para apoyar la transformación de la matriz de generación.

Bermúdez señaló que reducir las pérdidas, mejorar la calidad de las redes y garantizar la confiabilidad del suministro serán factores determinantes para fortalecer la competitividad y atraer nuevas inversiones productivas.

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