Uno de los temas discutidos es el recorte del 14,5 por ciento a la denominada Ley Ricarte Soto, que garantiza la totalidad del precio de medicinas y tratamientos a pacientes con enfermedades calificadas como de alto costo.

El objetivo fundamental de esta norma es evitar un impacto catastrófico o la quiebra de una familia, cuando uno de sus miembros sufre una enfermedad compleja o poco frecuente.

Tanto la senadora Karol Cariola, como la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, cuestionaron con dureza este recorte en un servicio de alto valor social.

La Ley Ricarte Soto abarca padecimientos como diversos tipos de cáncer, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, hemofilia, fibrosis quística, enfermedad de Crohn y de Gaucher.

Por otra parte, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechazó la eliminación de recursos para el programa “Yo elijo mi PC”, el cual había quedado fuera por completo en el proyecto de gastos e ingresos para el 2027.

El plan consiste en entregar computadoras, equipadas con conexión a internet durante un año, a estudiantes de nivel medio cuyas familias carecen de recursos para adquirirlas por su cuenta.

Sólo en 2026 un total de 96 mil 100 alumnos fueron beneficiados con este programa en todo el país.

El rechazo en la subcomisión aún no es definitivo, pues será debatido en el plenario de la sala donde el Ministerio de Educación debe negociar el tema con los legisladores.

Otro tijeretazo presupuestario muy criticado fue la eliminación de dos mil 165 millones de pesos (2,28 millones de dólares) para el funcionamiento de la Gran Sala Sinfónica, de la Universidad de Chile. Además, la rectora de ese centro de altos estudios, Alejandra Mizala, defendió en el Congreso Nacional la integridad de los fondos para los trabajos de investigación y generación de conocimientos realizados en todo Chile.

“Habrá menos investigación aplicada justo cuando el país necesita incrementar su productividad. Estas son capacidades que no se reconstruyen en un año”, afirmó.

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