Durante una reunión del Consejo de Ministros en el Palacio Presidencial de Baabda, Salam sostuvo que lo planteado por él está respaldado por el Acuerdo de Taif de 1989, la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en 2006, y la declaración de cese de hostilidades entre Líbano e Israel de noviembre de 2024, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa.
El jefe del Gobierno precisó que las únicas instituciones autorizadas a portar armas son el Ejército, las Fuerzas de Seguridad Interna, la Seguridad General, la Seguridad del Estado, las aduanas y la policía municipal.
Añadió que el monopolio estatal de las armas quedó recogido en la declaración de cese de hostilidades aprobada por el gobierno anterior y fue reafirmado por su Gabinete en la declaración ministerial y en decisiones posteriores.
Salam señaló que esta posición responde también a los costos sufridos por la población libanesa debido a la implicación unilateral del país en conflictos al margen de las instituciones constitucionales.
Recordó que el Gobierno encargó al Ejército elaborar un plan para garantizar que el Estado ejerza el control exclusivo sobre el uso de la fuerza. El Gabinete respaldó esa iniciativa en septiembre de 2025 y, en marzo de 2026, reiteró la necesidad de completar su aplicación en todo el territorio nacional.
El primer ministro afirmó que únicamente el Consejo de Ministros tiene autoridad para reconsiderar las decisiones relativas a esta política.
Asimismo, advirtió que el almacenamiento o transporte de armas fuera de los canales oficiales autorizados infringe las leyes y las decisiones gubernamentales, además de representar un riesgo para la seguridad pública y los ciudadanos.
Por ello, defendió la necesidad de mantener la vigilancia, emprender las acciones judiciales correspondientes e imponer las sanciones previstas en la legislación a quienes incumplan las disposiciones vigentes.
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