La Comisión Honoraria de Revisión comenzó a examinar los procedimientos, mientras el diputado Federico Preve, impulsor de la legislación, consideró baja la cifra y estimó que habrá un aumento de casos.
El balance comprende intervenciones realizadas en prestadores públicos y privados, tanto en Montevideo como en el interior.
La revisión abarca los casos concretados y el cumplimiento de las garantías previstas.
La reglamentación entró en vigencia el 21 de abril, tras la promulgación de la Ley 20.431 en octubre de 2025.
El Ministerio de Salud Pública (MSP), el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo integran la Comisión Honoraria de Revisión.
La ley le encomienda verificar los procedimientos y elaborar un informe anual que debe llegar al MSP y, por su intermedio, a la Asamblea General del Parlamento.
Según la normativa vigente, se reconoce el derecho a la eutanasia a personas mayores de edad y psíquicamente aptas que atraviesen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o padezcan sufrimientos insoportables derivados de enfermedades o condiciones incurables e irreversibles.
En todos los casos exige un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida del solicitante.
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