Los representantes del Gobierno y exdiputados de la extinta Asamblea Nacional (parlamento) 2015-2020 concertaron en Caracas temas de carácter político, económicos y sociales, que dieron seguimiento a los pactos ya logrados en las conversaciones iniciadas en agosto y de septiembre.

Estas sesiones se desarrollaron en seis jornadas de trabajo, dos plenarias y 15 reuniones con cuatro mesas técnicas, relacionadas con el fortalecimiento de la democracia y el Poder Judicial, la libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información.

Otra estuvo vinculada a la atención de la emergencia por el doble terremoto del 24 de junio y recuperación del oro en el Reino Unido, sobre lo cual Figuera anunció la creación de una comisión mixta, con tres integrantes de cada parte, para encausar su reclamo ante el Estado europeo.

Sobre la instalación de la nueva mesa, la política venezolana señaló que versó sobre garantías políticas, económicas y sociales.

Las partes reconocieron los avances en el fortalecimiento de la libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información, mediante el levantamiento de medidas administrativas y cautelares, aunque acordaron “seguir trabajando para obtener los mejores resultados”.

Recomendaron avanzar en la actualización de las concesiones de uso del espectro radioeléctrico, con la garantía de la aplicación de las normas en la materia y en el contexto del proceso de simplificación de trámites impulsado por el Estado venezolano.

Convinieron iniciar un proceso de “revisión profunda” de instrumentos legales para contribuir al fortalecimiento de la convivencia democrática, la paz, el respeto, la responsabilidad, reconciliación y reconocimiento. Entre ellos la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones para garantizar la participación de “todos los actores políticos”, el pluralismo y la autonomía de las organizaciones, a fin de fortalecer la democracia.

Llamó la atención, de manera particular, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, sobre todo en los relacionado con el proceso de inhabilitaciones, así como la Ley Orgánica Simón Bolívar y la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.

Las delegaciones ratificaron la disposición de unir esfuerzos para promover condiciones que garanticen “los derechos, la libertad e independencia” para la prosperidad económica de la República y sus ciudadanos, además de anunciarse que entre el 11 y 15 de noviembre continuará el cuarto ciclo.

A tono con lo ocurrido en las conversaciones, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saludó y reconoció los esfuerzos de las delegaciones y afirmó que esas garantías políticas son también para quienes creen en la política como un ejercicio para beneficiar a la población.

Las declaraciones de la jefa de Estado encargada ocurrieron después de recibir en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, a los líderes de las delegaciones.

Rodríguez dijo reconocer a los venezolanos de bien que desde este diálogo “impulsan cambios y transformaciones necesarias”.

“También reconozco que hay un país que, en su conjunto, quiere trabajar”, resaltó, al tiempo que felicitó a las partes por completar el tercer ciclo de conversaciones.

La designación por unanimidad del parlamento de los 12 ciudadanos que representarán a la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, y su juramentación junto a los 11 diputados integrantes de ese órgano, constituyó otro paso importante en la reforma propuesta del sistema judicial.

De los 127 hombres y mujeres postulados, 85 lograron avanzar después de la revisión y evaluación de los méritos, trayectoria y ética.

Giuseppe Alessandrello -quien fue ratificado al frente del Comité durante su instalación- anunció la víspera que el 28 de octubre iniciará el proceso para las postulaciones a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, en tanto aprobaron el reglamento interno y cronograma.

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