Mañana más de 158 millones de brasileños están convocados para escoger al mandatario de los próximos cuatro años entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, y el senador Flávio Bolsonaro.

También en cinco estados (Acre, Amazonas, Espírito Santo, Río Grande del Norte y Tocantins) y el Distrito Federal se definirán los ocupantes del cargo de gobernador.

La referida operación incluye al Tribunal Superior Electoral, la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras, la Agencia Brasileña de Inteligencia y el Ministerio de Defensa.

A esas entidades se adicionan las secretarías estatales de Seguridad Pública, las policías civiles y militares, y los cuerpos de bomberos.

Coordinadas desde el Centro Integrado de Comando y Control Nacional, en Brasilia, las acciones y sus estructuras se prolongarán hasta el cierre de la jornada electoral.

El objetivo es prevenir incidentes y asegurar condiciones para el adecuado desarrollo de la votación y el escrutinio.

Como riesgos bajo vigilancia figuran los delitos electorales, la desinformación, los crímenes cibernéticos, la violencia política, las aglomeraciones, las dificultades logísticas y las posibles incidencias en los lugares para ejercer el sufragio y el recuento.

Según la referida cartera, durante la primera ronda de las elecciones, celebrada el último 4 de octubre, participaron 321 mil 352 integrantes de las fuerzas de seguridad.

Además, el despliegue incluyó 34 mil 625 vehículos, 239 embarcaciones y 121 aeronaves.

Otra vez, el plan contempla apoyo logístico a la Justicia Electoral, cuando sea solicitado, mediante el traslado de urnas electrónicas y otros materiales, la protección de instalaciones y la preparación de respuestas ante contingencias relacionadas con las condiciones meteorológicas.

Las directrices conjuntas establecen que el patrullaje policial no debe obstaculizar el desplazamiento de los votantes.

Asimismo, las inspecciones destinadas a comprobar infracciones administrativas de tránsito deberán limitarse a situaciones de riesgo concreto e inminente para la vida o la integridad física.

En caso de bloqueos en carreteras federales, estos deberán comunicarse previamente al Tribunal Regional Electoral correspondiente, con la justificación y las rutas alternativas previstas.

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