En un mensaje publicado en la red social X, Arauz sostuvo que la orden de detención de la líder de la Revolución Ciudadana (RC) es nula porque fue emitida por un juez sin competencia para disponerla.

El político, que aspiró a la presidencia en 2021 y en 2023, fue el compañero de fórmula de González, afirmó que la Fiscalía y el magistrado Harry Navarrete omitieron la condición de ambos como dirigentes de oposición, aunque la RC esté suspendida temporalmente.

“El Código de la Democracia dispone que los dirigentes políticos y voceros oficialmente registrados como opositores tienen fuero de Corte Provincial”, señaló Arauz, que es investigado junto a González y otras cuatro personas en el denominado caso Laberinto.

El también economista pidió a organismos internacionales, parlamentarios y defensores de derechos humanos que presenten escritos de “amicus curiae”, o sea, intervenciones para aportar argumentos al tribunal una vez presentada la acción constitucional.

También solicitó que representantes diplomáticos asistan a la audiencia pública, aunque no precisó cuándo presentará el recurso ante la Corte Constitucional.

Por otro lado, Arauz instó a gobiernos extranjeros a considerar sanciones contra autoridades locales, como el fiscal general del Estado, por perjudicar el pluralismo democrático.

Además, mencionó cómo medios de comunicación documentaron la presión política del gobierno en este caso, catalogado como reservado.

La detención de González, ocurrida el pasado jueves, causó un revuelo en el ámbito nacional, donde diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales se pronunciaron contra la aprehensión.

La Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos relacionado con el supuesto uso ilícito de 500 mil dólares en la campaña de hace tres años.

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, divulgó un video donde expone esa hipótesis y la vincula con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también detenido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

La titular de la RC, Gabriela Rivadeneira, consideró el hecho como parte de la persecución política contra el partido, suspendido temporalmente, y llamó a movilizaciones para exigir la libertad de su coidearia, a quien calificó de prisionera política.

Rivadeneira afirmó en una rueda de prensa la semana pasada que el Ejecutivo busca desviar la atención de los problemas reales que atraviesa el país mediante actuaciones judiciales contra sus adversarios.

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