La iniciativa, presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, recibió el respaldo de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, aunque diputados independientes cuestionaron las prioridades del gasto y la distribución de los recursos.
La discusión estuvo marcada por controversias sobre las reasignaciones por 450,8 millones de dólares, que modificaron las partidas de diversas instituciones sin alterar el monto global del presupuesto.
El diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, cuestionó los fondos destinados a la restauración del Palacio Presidencial y la rehabilitación de una villa diplomática, frente a las necesidades de cuatro hospitales públicos, cuyo déficit presupuestario, según expuso, ronda los 103 millones de dólares.
Por su parte, la legisladora Yamireliz Chong pidió explicaciones sobre los criterios utilizados para aumentar las asignaciones de 31 instituciones, cuando las recomendaciones de la comisión contemplaban inicialmente ajustes para 21 entidades.
Otros cuestionamientos se refirieron a los 37 millones de dólares previstos para publicidad institucional, los recursos destinados a viajes y viáticos de la Cancillería y la suficiencia de los fondos para atender emergencias.
Chapman defendió la propuesta al señalar que las solicitudes de las instituciones estatales superaban los 40 mil millones de dólares, por lo que atenderlas en su totalidad resultaba fiscalmente inviable. También destacó los esfuerzos para reducir en más de dos mil 600 millones de dólares el servicio de la deuda.
Además sostuvo que el presupuesto fue elaborado mediante consultas con las entidades públicas y aseguró que el Ejecutivo aceptó las recomendaciones de la comisión legislativa, con excepción de las relacionadas con la atención al terremoto, al considerar que la emergencia requería recursos inmediatos.
Tras una sesión de más de ocho horas, la comisión aprobó el proyecto en primer debate, con cuatro votos en contra, de diputados de Vamos y del Movimiento Otro Camino.
La propuesta será discutida ahora por el pleno legislativo, en medio de un calendario ajustado, pues el actual período de sesiones ordinarias concluye el 31 de octubre.
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