La decisión contempla indagar presuntas operaciones de financiamiento encubierto de campañas, publicidad electoral pagada desde el exterior y eventuales manipulaciones de algoritmos de plataformas digitales para favorecer o perjudicar candidaturas.
Dino adoptó la medida después de una solicitud del Partido de los Trabajadores, en el contexto de un proceso judicial relacionado con la soberanía nacional y la aplicación de leyes y decisiones extranjeras en territorio brasileño.
Entre los elementos que deberán esclarecerse figuran las supuestas gestiones de los empresarios Tallis Gomes y Pedro Sang, quienes habrían actuado en nombre de la organización estadounidense Rockbridge Network para recaudar recursos destinados a la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en la segunda vuelta de los comicios hace dos días.
La investigación, divulgó la Agencia Brasil, también deberá identificar a los responsables de pagar publicidad electoral difundida por perfiles radicados en el exterior, así como el origen de esos recursos y la posible participación de personas o entidades brasileñas.
Según la documentación citada por el magistrado, algunas publicaciones difundidas en portugués presentaban pronósticos favorables a Flávio Bolsonaro en Polymarket, plataforma de predicciones bloqueada en Brasil desde 2024.
Otro eje de la pesquisa comprende el funcionamiento de las plataformas digitales de Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.
El magistrado mencionó un informe publicado el 22 de octubre por el Consejo de Supervisión de Meta, que señaló deficiencias en las garantías de integridad electoral, además de preocupaciones expresadas por observadores de la Organización de las Naciones Unidas.
Entre los aspectos señalados figuran diferencias en el alcance de publicaciones políticas, restricciones a contenidos de campaña y posibles desigualdades en la distribución de materiales entre candidaturas.
También, Dino dispuso investigar una denuncia sobre un eventual intercambio entre apoyo electoral e intereses económicos extranjeros en la explotación de tierras raras y minerales críticos en el gigante sudamericano.
La pesquisa deberá determinar si existieron propuestas de esa naturaleza, quiénes participaron y qué posibles beneficios se habrían ofrecido, teniendo en cuenta que los recursos minerales pertenecen a la Unión y su explotación depende de autorizaciones o concesiones.
A partir de la orden, la PF trabajará bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal y deberá examinar las distintas líneas de investigación señaladas.
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