En un artículo publicado en el medio digital Vértice Crítico, el economista y docente identifica a la provincia Duarte, en la región Nordeste, como uno de los territorios más expuestos a los efectos de la apertura comercial, debido a su peso en la producción nacional del cereal y a la dependencia económica de numerosas comunidades rurales de esa actividad.

De la Cruz Amparo señaló que Duarte aporta el 29,5 por ciento del volumen arrocero y cuenta con unos cuatro mil 400 trabajadores dedicados al cultivo, distribuidos en más de 220 mil tareas, unidad de superficie equivalente a 628,86 metros cuadrados.

El autor advierte que las consecuencias podrían extenderse a otras zonas agrícolas, en particular a la región del Cibao.

El consumo anual per cápita del grano ronda las 127 libras, mientras la cosecha local abastece más del 95 por ciento de la demanda interna, cifras que, a juicio del académico, refuerzan la importancia estratégica del cultivo.

En el artículo, De la Cruz Amparo estima que unos 250 mil empleos directos e indirectos dependen de la actividad arrocera, aunque cita cálculos de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios que sitúan esa cifra por encima de 300 mil.

La actividad también genera ingresos para el transporte, el comercio, la industria procesadora y otros servicios vinculados a la cadena productiva, por lo que una eventual contracción tendría repercusiones que irían más allá de las explotaciones agrícolas.

El economista alerta que los productores locales deben competir con agricultores norteamericanos que operan bajo condiciones financieras diferentes y reciben apoyo estatal.

De la Cruz Amparo considera que esa diferencia puede incentivar a determinados agentes económicos a importar arroz en lugar de invertir en la cosecha local, una situación que, de materializarse, perjudicaría especialmente a los pequeños y medianos agricultores.

El autor advierte que el debilitamiento del sector podría provocar pérdidas de empleos, deterioro de las economías rurales y una mayor dependencia de las compras externas, además de dificultar la recuperación de capacidades productivas acumuladas durante generaciones.

Ante ese panorama, el académico plantea la necesidad de fortalecer la competitividad mediante mejoras de productividad, mayor acceso al financiamiento y políticas que favorezcan la continuidad de la actividad agrícola.

De la Cruz Amparo sostiene que defender la producción nacional no significa rechazar el comercio internacional, sino incorporar a las decisiones comerciales sus efectos sobre el empleo, las comunidades rurales y la seguridad alimentaria.

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