Los bienes vinculados al caso como empresas, inmuebles, vehículos y otras propiedades sujetas a medidas estatales continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables, señaló la FGR en un mensaje en las redes sociales.

A su vez el Ministerio Público esclareció que el proceso judicial y la condena del caso del exmandatario fue estructurada durante la gestión del entonces fiscal general, Douglas Arquímedes Meléndez, bajo cuya administración también se acordó la pena impuesta.

Sin embargo, luego de las revisiones internas de la actual administración de la Fiscalía, se identificó un plan atribuido al entonces fiscal general que contemplaba mecanismos legales para liberar a Saca antes de cumplir la condena, aseguró la FGR.

Saca confesó en septiembre de 2018 que ideó un plan para apropiarse de 300 millones de dólares, de la partida de gastos reservados, que invirtió en sus empresas y con los cuales adquirió 28 propiedades.

Aunque el expresidente cumplió su condena por los cargos de peculado y lavado de dinero, también tiene obligaciones económicas establecidas en diferentes procesos judiciales, entre las cuales figura el pago de unos 260,7 millones de dólares por responsabilidad civil.

car/tdd