El escándalo estalló tras las revelaciones del medio digital Interferencia según las cuales desde la asunción del gobierno en marzo y hasta septiembre recibieron beneficios carcelarios 29 sancionados por violación y 27 por otros delitos contra niños, niñas y adolescentes.
Esta semana, representantes de distintas organizaciones sociales participaron en una manifestación frente a la cartera de Justicia y Derechos Humanos para condenar esta decisión y exigir la dimisión de su titular, Fernando Rabat, y de otras autoridades.
“Han transformado este ministerio en el ministerio de la Injusticia y los atentados a los derechos humanos”, denunció Helmut Cramer, vocero de la red de sobrevivientes del abuso sexual eclesiástico.
En declaraciones a Prensa Latina, Isadora Castillo, portavoz de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, calificó como “impresentable” que se liberen a 56 condenados por abusos sexuales contra menores y también a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
“Esto no es un error administrativo, es una elección que atenta contra la sociedad”, dijo.
Castillo declaró que aquí hay responsabilidades políticas y por lo menos cuatro autoridades que aceptaron las rebajas de condenas tienen que renunciar.
También rechazó que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín Morales, guarde silencio sobre el tema.
Exigimos que estos decretos se anulen, dijo Laura Manci, de la Coordinadora Feminista 8 M.
La víspera, el titular de Justicia fue citado a la Cámara de Diputados para explicar la decisión de otorgar los polémicos beneficios a los condenados por los citados delitos.
Rabat no logró convencer a los parlamentarios y al término de la sesión legisladores opositores confirmaron que impulsarán una acusación constitucional en su contra.
Los diputados pidieron también la renuncia del ministro y del subsecretario de esa cartera, Luis Silva, por haber incumplido con su obligación de proteger a los niños y adolescentes.
A pesar de admitir que lo sucedido es un caso muy grave y totalmente inaceptable, el presidente José Antonio Kast decidió mantener en su puesto al titular.
La más reciente encuesta de la firma Cadem publicada aquí arrojó que 89 de cada 100 entrevistados estaba informado del caso de los beneficios a condenados por delitos sexuales y 92 por ciento manifestó su desacuerdo con haberlos liberado.
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