Estamos en estrecho contacto con Países Bajos, Alemania, Islandia y varios otros países que desean no solo expresar su apoyo al TPI, sino también garantizar su funcionamiento continuo mediante ayuda económica y asistencia para la continuación de sus actividades, señaló Eide, citado por la cadena estatal NRK.

Sin embargo, el titular no precisó qué tipo de ayuda podrían ofrecer Noruega y otras naciones.

Según sus palabras, Europa debería desarrollar alternativas a las tecnologías estadounidenses si Washington las utiliza «como arma para castigar lo que es importante para Europa. La única respuesta es complementar las tecnologías estadounidenses con europeas», consideró el titular de Exteriores noruego.

Estados Unidos no financia el TPI; no obstante, el tribunal depende en gran medida de los sistemas de pago y de tecnologías de la información estadounidenses, que quedarían desconectados tras la entrada en vigor de las sanciones, advirtió el diplomático.

Analistas europeos señalan que esta dependencia tecnológica constituye una vulnerabilidad estratégica para la corte, con sede en La Haya.

Previamente, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la inclusión del TPI en su lista de sanciones con base en un decreto ejecutivo firmado por el presidente DonaiTrump en febrero de 2025.

La administración de Washington acusó entonces al TPI de acciones improcedentes contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel.

El decreto permite aplicar restricciones financieras y de visado contra empleados del TPI involucrados en investigaciones sobre ciudadanos estadounidenses o sus aliados, así como contra sus familiares.

No obstante, el Tesoro publicó varias licencias que excluyen temporalmente de las restricciones algunas operaciones con el tribunal.

Expertos en derecho internacional consideran que la postura noruega refleja la creciente preocupación europea por la politización de las sanciones estadounidenses y la defensa de la autonomía de las instituciones multilaterales.

La cooperación entre países europeos podría sentar precedentes para futuras respuestas coordinadas frente a presiones externas sobre organismos judiciales internacionales.

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