La iniciativa propone, entre otras cuestiones que ahora debatirán los legisladores, reducir el tamaño del Estado hasta en 15 por ciento y limitar a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027.
También busca darle facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella para reestructurar la rama ejecutiva mediante la fusión o supresión de entidades públicas, la modificación de las plantas de personal y la reorganización de fondos y transferencias del Estado para reducir el gasto operativo.
Incluye gravámenes para las operaciones de juegos de suerte y azar e incremento para las bebidas ultraprocesadas, licores, vapeadores y cigarrillos tradicionales.
El proyecto elimina por completo la exención para las importaciones de bajo valor y propone cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todas las compras por internet menores a 200 dólares, sin importar que tengan un costo inferior, lo que impactaría a plataformas extranjeras como Shein, Temu, Amazon o AliExpress.
Con el objetivo de fomentar la inversión privada, el proyecto crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial por medio del cual las empresas o proyectos que califiquen podrán disfrutar de una exención total del impuesto al patrimonio por un periodo de hasta 16 años.
Plantea asimismo la devolución del IVA a los hogares de menores ingresos y diseña un sistema punitivo, con reclusión carcelaria, para evasores fiscales, y estímulos a quienes honren sus obligaciones financieras.
La norma establece una reducción gradual de la tarifa general para sociedades, del 33 por ciento en el año 2027 al 31por ciento a partir de 2028, mientras que las instituciones financieras, aseguradoras y comisionistas de bolsa asumirán puntos adicionales verán crecer sus obligaciones al 38 por ciento en 2027 y al 36 por ciento entre 2028 y 2030.
En el caso de los activos digitales y criptoactivos, ofrece un incentivo especial que permite su normalización a una tarifa preferencial única del cinco por ciento sobre su valor de mercado.
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