La denuncia hacia los dos funcionarios fue presentada por los diputados Luis Cuello, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Socialista, por violar el artículo 17 de la Ley 19.856 que excluye de beneficios a personas sancionadas por ese tipo de delitos.

El fiscal regional Francisco Jacir quedó a cargo de la indagatoria y contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada Centro Norte.

La investigación tendrá por objeto determinar si los hechos denunciados son constitutivos de delito y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos.

El beneficio a 56 pedófilos provocó aquí un fuerte rechazo tanto de la ciudadanía, como de políticos de oposición y algunos cercanos al gobierno.

Tal escándalo estalló tras las revelaciones del medio digital Interferencia según las cuales desde la asunción del gobierno en marzo y hasta septiembre recibieron beneficios carcelarios 29 sancionados por violación y 27 por otros delitos contra niños, niñas y adolescentes.

Esta semana, representantes de distintas organizaciones sociales participaron en una manifestación frente a la cartera de Justicia y Derechos Humanos para condenar esta decisión y exigir la dimisión de su titular, Fernando Rabat, y del subsecretario Silva.

Mientras legisladores de oposición anunciaron una acusación constitucional contra Rabat.

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