La denuncia fue presentada por los senadores Mirtha Vásquez y Jaime Quito y la diputada Indira Huilca, los tres de amplia trayectoria progresista.

Los tres firman la denuncia, según lo cual Rospigliosi presionó y amenazó a los jueces y fiscales que ejercen la atribución de aplicar a casos de violaciones de derechos humanos el control difuso.

Tal control consiste en contrastar leyes recientes de prescripción o amnistía, promovidas por el denunciado, con convenios internacionales firmados por el Estado peruano que lo obligan a negar esos beneficios a procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad.

Los parlamentarios presentan como pruebas de violación constitucional, las siete denuncias judiciales de Rospigliosi presentadas entre agosto de 2025 y agosto de 2026 contra jueces y fiscales, para los que pide se les suspenda y condene a diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos en el Estado.

La acusación de los legisladores señala que las presiones públicas y judiciales se realizaron cuando Rospigliosi era presidente del Senado, cargo desde el cual, en mensajes de Internet, habló de “barrer” los organismos de justicia.

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