La excarcelación por buena conducta es una medida habitual en el sistema legal chileno, pero no aplica a quienes fueron hallados culpables por actos de pedofilia.

No obstante, desde que asumió el gobierno, presidido por José Antonio Kast, se les concedió ese privilegio a 29 reos por violación de menores y a otros 27 por abusos sexuales.

Además, la reducción de penas se hizo de tal manera que todos quedaron en libertad inmediatamente, sin que sus víctimas y sus familias fueran informados.

Por otra parte, dos presos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet disfrutaron también de esa medida, a pesar de que, según el derecho internacional, esas acciones son imprescriptibles.

Los principales encartados por la excarcelación fueron el titular de Justicia, Fernando Rabat, y su subsecretario, Silva, porque firmaron los decretos correspondientes.

Diversos sectores, incluso dentro de los partidos de gobierno, pidieron a Kast que los destituyera, pero este les confirmó en sus cargos.

En medio de este clima enrarecido, Silva publicó en sus redes un video donde explicó que su rúbrica en algunos decretos obedeció a la ausencia de su superior y nada más había seguido el criterio del ministro, lo cual fue visto como un intento de auto eximirse de toda responsabilidad.

Finalmente fue destituido y su lugar lo ocupa desde hoy Josefina Soto, quien trabajó en el Centro de Estudios Ideas Republicanas.

Queda pendiente por saber cuál será el destino de Rabat, pues crecen las presiones para su destitución y en la Cámara de Diputados los partidos de oposición preparan una acusación constitucional que, de prosperar, le obligaría a dejar el cargo.

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