“Aunque los demandados afirman que sus acciones están destinadas a detener el voto ilegal de personas que no son ciudadanas, es probable que tengan el efecto de interferir en la administración electoral y privar del derecho al voto a votantes habilitados”, afirmó la magistrada de distrito Trina Thompson.

Según estableció en su restricción temporal la noche de este viernes, mientras su orden esté vigente, el DOJ y el Departamento de Seguridad Nacional no podrán exigir que funcionarios electorales de ningún estado separen boletas, eliminen votantes empadronados ni frenen el procesamiento de las papeletas.

Thompson -nombrada por el presidente Joe Biden (2021-2025)-, también bloqueó las amenazas de entablar procesos penales contra funcionarios electorales por parte de esas agencias.

Además, advirtió que el Gobierno no puede adoptar otras medidas que “amenacen, intimiden o coaccionen” a funcionarios electorales para exigir cambios en los procedimientos de procesamiento de boletas bajo el argumento de que los votantes no reúnen los requisitos.

La jueza -de acuerdo con reportes en medios locales como CNN- rechazó las alegaciones que el Gobierno ha planteado durante meses respecto a que tiene la facultad y la intención de procesar penalmente a los funcionarios electorales por no hacer lo suficiente -dicen- para impedir la votación ilegal.

las/dfm