La propuesta, según alega el Ejecutivo, busca establecer una ruta jurídica para que los grupos armados y estructuras criminales se entreguen a la justicia ordinaria sin negociaciones políticas ni estatus de beligerancia.

Sin embargo, su contenido es visto con resquemor por parte de bancadas de oposición.

La senadora por el Pacto Histórico Corolina Corcho deplora que el proyecto incluya la rebaja de penas a testaferros y lavadores de activos del narcotráfico. Manifestó que las sentencias, que ahora contemplan de 22 a 30 años, quedan reducidas a tres años.

“Los abogados de la mafia, hechos gobierno, lograron extender su litigio hasta el Congreso”, expuso, al tiempo que consideró que la norma dará impunidad y promoverá las estructuras financieras del narcotráfico.

Estimó que lo que se discute es un proyecto para someter al Estado a las estructuras delictivas.

“Quieren brincarse la Constitución con una ley ordinaria y redactaron un texto a la medida de los narcos que, en la vida real, no va a desmovilizar a nadie ni va a desmantelar a ningún grupo armado”, sentenció.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra también tiene sus reservas.

“El Gobierno de Abelardo de la Espriella habla de mano dura contra las mafias, pero su proyecto de ley de sometimiento plantea rebajas de penas para integrantes de organizaciones criminales, mientras restringe las herramientas para negociar la paz”, planteó.

La iniciativa, ya aprobada por las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado, tiene que terminar su trámite a más tardar el próximo jueves porque de lo contrario se hundirá.

En ese primer debate se modificó el artículo 28, por lo cual la vigencia de la norma, que en su forma original planteaba 10 años, pasó a cuatro, en coincidencia con un mandato presidencial.

Ya la plenaria del Senado aprobó cuatro de sus artículos, de un total de 29.

La Ley de Sometimiento tiene por propósito acabar con la Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), que priorizaba el diálogo y la concertación, para sentar las bases de la política defendida por la actual administración frente a los grupos armados.

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