Con 95 votos a favor y 10 en contra, los representantes dieron su visto bueno al mismo texto que aprobó horas antes el Senado, con lo cual se evitó el paso de crear una comisión de conciliación para homologar ambos contenidos.

La ley está a la espera ahora de la sanción presidencial que marcará la postura de la actual administración para buscar la desmovilización de los grupos armados y echa por tierra la política de Paz Total promovida por el Gobierno anterior, que priorizaba el diálogo.

Con respecto al texto original presentado, se eliminó el artículo 25 que le confería facultades extraordinarias de contratación al Ministerio del Interior en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por otra parte, en el caso de los delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, se elevó de uno a seis años la pena de cárcel mínima exigida para acceder a los beneficios jurídicos que conferirá la norma a quienes se les halle culpables de estos delitos.

La reforma también excluye del tratamiento penal diferenciado a los individuos que hayan sido condenados o considerados responsables por reclutamiento para acciones bélicas de menores de 18 años.

De acuerdo con el proyecto, los beneficios dependerán del nivel de responsabilidad de los integrantes de grupos armados y organizaciones delincuenciales.

Mientras los integrantes de base contarán con una reducción del 50 por ciento de la pena, los cabecillas tendrían una rebaja del 30 por ciento, pero en cualquier caso deberán cumplir un mínimo de 10 años.

Aquellos que accedan someterse a la justicia serán recluidos en centros penales bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario con restricciones efectivas de la libertad.

Las rebajas de las sentencias constituyeron el punto de mayor fricción entre partidos gobiernistas y de oposición en el Congreso.

Integrantes de la bancada del Pacto Histórico cuestionaron los beneficios a reclutadores de menores de edad, narcotraficantes y otros responsables de delitos graves.

La necesidad de que el proyecto se apruebe hoy se debe a que la vigencia de la actual ley de orden público expira al final de esta jornada.

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