Las jornadas de debate en el legislativo sobre la ley económica fundamental de la nación se alargan, a la par de las demandas en las calles contra los planes del ejecutivo de imponer reducciones de gastos sociales y congelar las pensiones, indicó el canal BFMTV.
El jefe de Gobierno enfrenta una tarea difícil, pues a priori el texto inicial manejado por el Gobierno recibió críticas de casi todas las fuerzas políticas, pero sobre todo de La Francia Insumisa, los socialistas y los ecologistas.
Fuera del recinto parlamentario, la Confederación General del Trabajo (CGT) lo rechazó nada más ser presentado en público en septiembre último, lo que dio pie a la convocatoria del primer paro del sector público el 29 de ese mes.
Da la impresión de que el gobierno alarga las discusiones con la intención de, llegado a un punto en el debate, aplicar procedimientos extraordinarios, como el tristemente célebre artículo constitucional 49.3, que permite al ejecutivo aprobar decisiones, incluido de presupuesto, sin pasar por un debate parlamentario, comenta BFMTV.
Sin embargo, con ello el gobierno también se arriesga a que la oposición, en una Asamblea Nacional sin una clara mayoría desde 2024, proponga un voto de censura contra el equipo de Lecornu que ya sobrevivió a al menos otros seis intentos de separarlo de su puesto.
Tanto BFMTV como el canal France 24 destacan que existe la percepción de una incapacidad del gabinete para encaminar el debate parlamentario por un bueno curso, cuando ni siquiera la antigua mayoría de partidos presidenciales apoya propuestas del Gobierno.
Así, el 27 de octubre los diputados de centroderecha rechazaron la propuesta del ejecutivo de imponer un recargo fiscal sobre grandes empresas, tal y como propone el proyecto presupuestario.
“Todo está envuelto en una niebla; el Gobierno esquiva los obstáculos y nos precipita al abismo”, advierte el ponente general del presupuesto en el Senado, Jean-François Husson, de Los Republicanos (centristas), citada por BFMTV.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto de presupuesto es la propuesta de recortar 54 mil millones de euros, en gran parte a costa de la reducción de gastos sociales y de la inversión en el sector público, así como con la congelación de las jubilaciones.
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