La mesa legislativa, de mayoría oficialista, aprobó este miércoles la proforma presupuestaria, aunque los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) Mabel Méndez y Diego Salas votaron en contra.
La propuesta equivale al 35,18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal proyectado para 2027, estimado en 142 mil 725 millones de dólares, y contempla un crecimiento económico de 2,5 por ciento y una inflación de 2,2 por ciento, según la exposición técnica presentada.
Los asambleístas que respaldaron el informe defendieron que se reduce el déficit fiscal global en mil 14 millones de dólares respecto a 2026, hasta situarlo en cuatro mil 411,85 millones, equivalentes al 3,1 por ciento del PIB.
En contraste, Méndez advirtió que el presupuesto mantiene un déficit permanente de mil 33,17 millones de dólares, que sería cubierto con ingresos no permanentes, y cuestionó que parte de los recursos presentados como inversión correspondan a preservación de capital y no a nueva capacidad productiva.
La legisladora también objetó las reducciones de asignaciones para la Universidad de Cuenca y otras 19 instituciones públicas de educación superior, mientras Salas señaló recortes de 156,60 millones de dólares en bonos sociales y de 75,90 millones en bienes y servicios destinados a hospitales, escuelas y patrulleros.
La proforma presupuestaria de 2027, que asciende a 50 mil 213 millones de dólares, será analizada por el pleno de la Asamblea Nacional este viernes 6 de noviembre.
Por otro lado, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, presentó este miércoles una demanda ante la Corte Constitucional, junto con el Frente de Pacientes Renales y el Frente de Jubilados, que cuestiona asuntos relacionados con el presupuesto estatal.
Esos colectivos presentaron una acción de incostitucionalidad contra la disposición gubernamental que permitirá que sectores esenciales como salud, educación y justicia se financien el próximo año con ingresos no permanentes, entre ellos recursos petroleros, deuda externa y venta de activos.
Quishpe sostuvo que existen ingresos tributarios y otras fuentes que permitirían cubrir esas áreas sin depender de recursos variables, y mencionó la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA).
El dirigente también criticó la ejecución de los recursos destinados a servicios públicos y afirmó que hasta septiembre la ejecución consolidada del presupuesto educativo alcanzaba el 64 por ciento, mientras la inversión en infraestructura y equipamiento de salud llegaba al 12,5 por ciento.
“Por cada dólar que se invierte en el área social, se destinan 25 dólares a la deuda externa”, señaló Quishpe.
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