La norma, que es la ley 2640, recibió ayer el visto bueno del Congreso, que introdujo algunas modificaciones a su contenido, sobre todo en lo referido a las condenas para quienes pretendan acogerse a la regulación.

Con respecto al texto original presentado, se eliminó el artículo 25 que le confería facultades extraordinarias de contratación al Ministerio del Interior en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por otra parte, en el caso de los delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, se elevó de uno a seis años la pena de cárcel mínima exigida para acceder a los beneficios jurídicos.

También excluye del tratamiento penal diferenciado a los individuos que hayan sido condenados o considerados responsables por reclutamiento para acciones bélicas de menores de 18 años.

El texto refiere que los beneficios dependerán del nivel de responsabilidad de los integrantes de grupos armados y organizaciones delincuenciales.

Mientras los integrantes de base contarán con una reducción del 50 por ciento de la pena, los cabecillas tendrían una rebaja del 30 por ciento, pero en cualquier caso deberán cumplir un mínimo de 10 años.

Aquellos que accedan a someterse a la justicia serán recluidos en centros penales bajo la administración del Instituto Penitenciario con restricciones efectivas de la libertad.

Las rebajas de las sentencias constituyeron el punto de mayor fricción entre partidos gobiernistas y de oposición en el Congreso.

Integrantes de la bancada del Pacto Histórico cuestionaron los beneficios a reclutadores de menores de edad, narcotraficantes y otros responsables de delitos graves.

La Ley de Sometimiento marca además el fin de la política de Paz Total impulsada por la anterior administración, que priorizaba el diálogo con los grupos armados.

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