La propuesta presupuestaria del Ejecutivo recibió el respaldo de la mayoría oficialista de la Comisión de Desarrollo Económico, que ya analizó el documento y recomendó al pleno avalarla, pese al rechazo de los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) Mabel Méndez y Diego Salas.
La proforma, de 50 mil 213 millones de dólares, equivale al 35,18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal proyectado para el próximo año, de 142 mil 725 millones de dólares, y contempla un crecimiento económico de 2,5 por ciento y una inflación de 2,2 por ciento.
Entre las principales asignaciones figuran seis mil 681,29 millones de dólares para educación, cinco mil 855,94 millones para salud, cuatro mil 825,15 millones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y mil 443,35 millones para universidades y escuelas politécnicas.
Los legisladores que respaldaron el informe defendieron que la proforma reduce el déficit fiscal global en mil 14 millones de dólares frente a 2026, hasta situarlo en cuatro mil 411,85 millones, equivalentes al 3,1 por ciento del PIB.
Sin embargo, Méndez advirtió que el presupuesto mantiene un déficit permanente de mil 33,17 millones de dólares que se cubriría con ingresos no permanentes y cuestionó que parte de los recursos contabilizados como inversión correspondan a preservación de capital, en lugar de generar nueva capacidad productiva.
La asambleísta también objetó las reducciones en las asignaciones iniciales de la Universidad de Cuenca y otras 19 instituciones públicas de educación superior, mientras Salas señaló una disminución de 75,90 millones de dólares en bienes y servicios para hospitales, escuelas y patrulleros.
Durante el análisis en la comisión, Salas precisó que la partida general para bonos sociales bajaría de mil 627,49 millones de dólares en 2026 a mil 470,89 millones en 2027, una reducción de 9,62 por ciento.
En respuesta, representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano negaron recortes en el área social y defendieron una asignación institucional de dos mil 372 millones de dólares, de los cuales mil 868 millones corresponden a gasto permanente y 504 millones a inversión no permanente.
En el debate de este viernes, la Asamblea puede aprobar u observar la proforma, pero no puede modificar los montos ni reasignar partidas.
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