Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, quien calificó la decisión como un acontecimiento de importancia estratégica, por sus posibles efectos en el financiamiento, la estabilidad macroeconómica y la capacidad del Estado para sostener programas sociales y proyectos de infraestructura.

En declaraciones a Informe Pastrán, el diputado señaló que la evaluación reconoce la capacidad financiera del país para cumplir sus obligaciones y responder ante situaciones económicas adversas, además de fortalecer su imagen ante los mercados internacionales.

Gutiérrez explicó que S&P fundamentó su decisión en indicadores como cuatro años consecutivos de superávit del Gobierno, entre 2022 y 2025, y la reducción de la deuda neta gubernamental del 46 al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

También mencionó la acumulación de reservas fiscales y externas, que, según indicó, proporciona al país mayor capacidad para enfrentar eventuales contingencias económicas.

El legislador destacó asimismo el crecimiento económico de 4,9 por ciento registrado en 2025 y el aumento de la inversión hasta aproximadamente el 26 por ciento del PIB en ese mismo año, frente al 20 por ciento de 2020.

A juicio del parlamentario, la estabilidad financiera contribuye a proteger la inversión social y garantizar la continuidad de servicios públicos como la educación y la salud gratuitas.

En ese sentido, mencionó las inversiones en hospitales, centros de salud, equipos médicos, infraestructura educativa, agua potable, energía eléctrica y viviendas, además de programas orientados a ampliar las oportunidades de la población.

Gutiérrez sostuvo que la estabilidad económica debe traducirse en mejores condiciones de vida, reducción de la pobreza y desarrollo de infraestructura productiva, objetivos que, afirmó, forman parte de la política económica del país.

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