El balance del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, con corte al 2 de noviembre, contabiliza 82 mil 670 personas afectadas , tres fallecidos y 27 heridas, mientras la asistencia gubernamental ha llegado a 248 comunidades golpeadas por el movimiento telúrico.

Aunque la cantidad de personas refugiadas disminuyó respecto al momento más crítico de la emergencia, cuando seis mil 654 necesitaron alojamiento temporal, miles de familias todavía enfrentan la pérdida de sus viviendas y las dificultades para regresar a sus hogares.

Las evaluaciones habitacionales reflejan la magnitud de los daños. Según datos oficiales, 19 mil 865 viviendas fueron inspeccionadas en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, de las cuales cuatro mil 633 presentan afectaciones totales, 11 mil 107 daños moderados o parciales y cuatro mil 125 deterioros menores.

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha inspeccionado unas 20 mil viviendas, mientras el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial realizó evaluaciones técnicas a otras 14 mil, en un proceso que todavía continúa.

La infraestructura pública también resultó perjudicada, con 576 centros educativos afectados y 122 instalaciones sanitarias con daños, mientras las autoridades mantienen programas de rehabilitación de carreteras, puentes y servicios esenciales.

En materia vial fueron identificados 70 tramos con afectaciones, todos despejados para restablecer la comunicación, y actualmente se trabaja en 29 frentes de rehabilitación y reconstrucción en las provincias impactadas y la comarca Ngäbe-Buglé.

Los Santos y Herrera figuran entre los territorios con mayor número de damnificados, con 26 mil 449 y 15 mil 779 personas afectadas, respectivamente.

En Tonosí, uno de los distritos más golpeados, las autoridades locales habían evaluado alrededor de mil 200 viviendas hasta el 7 de noviembre. Su alcalde, Aníbal Domínguez, señaló que algunas requieren reconstrucción completa y otras pueden recuperarse mediante reparaciones y entrega de materiales.

El terremoto también afectó la actividad económica de las comunidades, particularmente la agricultura, la pesca y el turismo, por lo que autoridades locales reclaman que la recuperación incluya la generación de empleos y la reactivación productiva.

A un mes del sismo, Panamá enfrenta así el desafío de pasar de la atención humanitaria a una reconstrucción que permita recuperar las viviendas, los servicios públicos y las condiciones de vida de miles de familias que todavía sufren las consecuencias del desastre.

El potente terremoto ocurrió a las 12:56, hora local, del 9 de octubre. El Servicio Geológico de Estados Unidos elevó de 7,6 a 7,7 la magnitud del evento, mientras el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá la situó en 7,5, después de una estimación inicial de 7,2.

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