El senador Duvalier Sánchez denunció que la eliminación de la salvaguarda ocurre tras un acuerdo sobre minerales críticos firmado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en el cual una de sus cláusulas estipula que primero debe informársele a Estados Unidos de las potencialidades de inversión minera.

“Están eliminando casi un millón de hectáreas protegidas para producir comida en La Guajira, Sabana Centro, Antioquia, Córdoba y Santander. En los próximos días le toca al Tolima, cerca de 48 mil 494 hectáreas del norte del departamento, donde se produce café, panela, plátano y leche, perderán su protección alimentaria”, alertó.

Abundó en su cuenta de la red social X que, en el municipio de Falan, el 57,5 por ciento de las áreas de interés agrícola se cruza con títulos mineros. “Estos no son ajustes técnicos ni jurídicos: es servilismo. El Gobierno pretende entregarles a las multinacionales mineras y a Washington el derecho sobre nuestros recursos naturales, sin pensar en cómo se afectan la soberanía alimentaria y las fuentes hídricas”, concluyó el congresista.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra estimó por su parte que la tierra para los alimentos no puede quedar a merced de los intereses inmobiliarios, extractivos y especulativos.

“Proteger los suelos agrícolas no significa desconocer la autonomía de los municipios. Significa defender el derecho a la alimentación, los derechos del campesinado y la soberanía alimentaria de nuestro país”, aseguró.

Las APPA son una figura jurídica creada para proteger el suelo rural agropecuario y garantizar la obtención de comestibles por el anterior gobierno.

Durante la administración del presidente Gustavo Petro (2022-2026) se declararon bajo esa denominación cerca de un millón de hectáreas en más de 55 municipios.

El gabinete de De la Espriella alega que la figura atenta contra los derechos de la propiedad privada y la inversión.

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