El experto sostuvo que esa situación limitaría la capacidad del Ejecutivo para enfrentar la prolongación de la crisis energética internacional.

El también director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) realizó la advertencia durante una conferencia ante clientes de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP).

En su exposición, titulada “Panorama Macroeconómico Nacional e Internacional 2026-2028”, Ovalle cuestionó la sostenibilidad del mecanismo y consideró que las medidas aprobadas en junio pasado no constituyeron una reforma fiscal propiamente dicha, sino una redistribución de recursos para subsidiar los combustibles.

Explicó que los 50 mil millones de pesos fueron trasladados desde los hogares con alto patrimonio y las grandes empresas, hacia un fondo destinado a estabilizar los precios de los carburantes.

El economista señaló que el mecanismo se diseñó bajo la expectativa de que el encarecimiento de la energía sería temporal. Según explicó, se estimó que unos mil 600 millones de pesos semanales (26.38 millones de dólares) permitirían cubrir el subsidio durante tres meses.

Sin embargo, Ovalle advirtió desde el inicio del conflicto en Medio Oriente sobre el riesgo de subestimar la duración del impacto energético. Indicó que durante este año se han utilizado entre 15 mil millones (unos 247 millones de dólares) y 20 mil millones (329 millones de dólares) del fondo.

A su juicio, el Gobierno enfrenta ahora un margen de maniobra reducido, pues el ministro de Hacienda y Economía descartó la posibilidad de otra reforma fiscal y señaló que tampoco se permitirá un aumento descontrolado del déficit.

Ovalle estimó que la respuesta podría combinar un mayor déficit con ajustes en el gasto público.

Explicó que una parte creciente de los ingresos estatales se destina al pago de los intereses de la deuda, lo que resta recursos para financiar obras y otros proyectos de desarrollo.

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