La Corte de Cuentas de Italia cuestionó la sostenibilidad financiera del plan, al señalar que solo el 30 por ciento de las mayores entradas previstas tiene carácter permanente.

Durante una audiencia celebrada la víspera ante las comisiones de Presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado, ese órgano de control financiero alertó que el 25 por ciento de los ingresos dispuestos en el plan corresponde a recursos temporales y otro 45 por ciento a anticipos que se traducirán en menores entradas para las arcas públicas en ejercicios posteriores.

La institución consideró que esa estructura podría generar nuevas obligaciones financieras para los próximos presupuestos, en caso de que se decida mantener las medidas de carácter transitorio incluidas en el proyecto gubernamental.

Según sus observaciones, el conjunto de disposiciones parece orientado a garantizar la financiación de intervenciones específicas, más que a consolidar de manera duradera la base imponible de los tributos.

La Corte reconoció, no obstante, el efecto de una moderada redistribución de recursos destinada a combatir la pobreza, respaldar los ingresos laborales y financiar el gasto sanitario, aunque cuestionó que buena parte de las medidas de alivio fiscal se concentre en 2027.

Advirtió que esa centralización temporal dejará al próximo Parlamento la decisión de renovar o no tales beneficios, con las correspondientes necesidades de financiamiento.

En relación con el sector empresarial, la Corte de Cuentas valoró las disposiciones fiscales y contributivas dirigidas a las actividades productivas, los trabajadores autónomos y la agricultura, por su contribución al sostenimiento del empleo y las inversiones en innovación.

Sin embargo, alertó sobre el riesgo de que las exigencias de cobertura presupuestaria afecten la liquidez de las empresas, especialmente las de menor dimensión, y precisó que buena parte de los beneficios financieros efectivos para esas entidades se materializará en 2028, debido a los mecanismos de liquidación y anticipos tributarios.

Las observaciones de ese órgano de control tienen lugar durante el examen parlamentario de la propuesta presupuestaria del Gobierno, que deberá afrontar el debate de las enmiendas antes de su aprobación definitiva.

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