La decisión fue firmada por el presidente del Legislativo, el senador Davi Alcolumbre, y publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Unión, debido a que la propuesta todavía no ha sido votada por la Cámara de Diputados ni por el Senado.
Identificada como Medida Provisional 1.394/2026, la iniciativa fue presentada por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el último 25 de septiembre.
Su objetivo es impedir la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las denominadas bets.
Con la extensión, el plazo para que ambas cámaras analicen el texto se prolongará hasta el 5 de marzo de 2027, y si no recibe aprobación parlamentaria antes de esa fecha, la medida perderá vigencia.
La disposición contempla el cierre de las autorizaciones concedidas a las empresas del sector, el bloqueo de plataformas digitales y la devolución de los saldos disponibles en las cuentas de los usuarios.
También establece restricciones a la publicidad, los patrocinios y los pagos relacionados con esas actividades.
El texto instituye, además, un comité interinstitucional encargado de fiscalizar la explotación y la publicidad ilegal de las apuestas de cuota fija, así como de coordinar la actuación de los organismos públicos competentes.
La iniciativa recibió 99 enmiendas de legisladores y, desde el 9 de noviembre, se tramita bajo régimen de urgencia.
Sin embargo, recordó la Agencia Brasil, todavía está pendiente la instalación de la comisión mixta de diputados y senadores que deberá examinarla y emitir un informe.
La controversia también llegó al Supremo Tribunal Federal, pues empresas del sector cuestionan la constitucionalidad de la prohibición y alegan perjuicios a la seguridad jurídica y a la libre competencia.
El magistrado Luiz Fux ordenó suspender los procesos judiciales en curso sobre la validez de la medida, hasta que la máxima cortre se pronuncie sobre el asunto.
A juicio del Gobierno, la prohibición contribuye a reducir los daños económicos y sociales asociados a las apuestas, incluidos el endeudamiento de las familias y los problemas de salud relacionados con la dependencia del juego.
Por su parte, representantes de las empresas y del sector deportivo advierten sobre posibles pérdidas financieras, afectaciones a los patrocinios y el riesgo de que la demanda se desplace hacia plataformas clandestinas.
ocs/dsa
