En declaraciones a la prensa este miércoles desde las afueras del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, la presidenta nacional de la FESE, Dayana Basantes, cuestionó la política presupuestaria del Gobierno de Daniel Noboa.
La titular de la organización de los estudiantes secundarios sostuvo que las autoridades priorizan el pago de la deuda externa frente a las necesidades del sistema educativo.
“El Gobierno ve a la educación como un gasto, no como una inversión”, afirmó Basantes, quien denunció el abandono de los centros educativos y la reducción de los recursos destinados a ese sector.
Según la dirigente estudiantil, hasta octubre se había ejecutado apenas el 42 por ciento del presupuesto asignado a la educación pública.
Mencionó entre los problemas la falta de textos escolares o su entrega con contenidos desactualizados, el deterioro de las instalaciones y las inundaciones en planteles por el fenómeno de El Niño.
Basantes señaló que más de mil 200 unidades educativas están afectadas por las inundaciones y cuestionó que las familias deban asumir responsabilidades para sostener el funcionamiento de los centros, ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación.
También alertó sobre los recortes presupuestarios que afectan a más de 54 universidades públicas y la insuficiencia de cupos en carreras de alta demanda, situación que, según dijo, deja a miles de jóvenes fuera de la educación superior.
Asimismo, la dirigente estudiantil criticó iniciativas gubernamentales como el programa Jóvenes en Acción, al considerar que no responden al descontento de los estudiantes frente a la falta de inversión educativa.
“En este momento crítico, nuestro voto se vuelve una herramienta fundamental para defender la educación”, expresó Basantes, al explicar que la organización desarrolla una campaña nacional para promover la participación de los adolescentes habilitados para sufragar.
“Necesitamos no votar por el que nos dio las espaldas, no darle poder a quien nos ha decepcionado”, subrayó la joven.
El voto facultativo en Ecuador permite a los ciudadanos de 16 y 17 años participar en los procesos electorales, pero no es obligatorio para ese grupo etario, sino para aquellos entre 18 y 65 años.
El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos están llamados a las urnas a escoger prefectos, alcaldes, concejales y representantes de los gobiernos parroquiales, además de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
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