En declaraciones a la prensa desde el Palacio Federal Legislativo después de una reunión de coordinación, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Pedro Infante, anunció que el proceso iniciará por Caracas en la mañana e informó que las liberaciones se realizarán ajustadas al derecho.

Se reactivará el abordaje en los centros preventivos con el objetivo de “agilizar todo el proceso”, garantizar la excarceleción de los detenidos conforme al debido proceso y a quienes “correspondan los distintos beneficios”, expresó.

Infante manifestó que esa fue una instrucción directa de la jefa de Estado encargada, del titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Reveló que en la reunión de coordinación para el abordaje de la Transformación de la Justicia Penal, participaron la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El legislador puntualizó que la Asamblea Nacional acompañará todo el proceso de transformación del sistema de justicia penal que inició en el 2026, después de la agresión a Venezuela y secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

Por su parte, el diputado Jorge Arreaza comentó la necesidad de constituir un equipo de actores del sistema de administración de justicia para, junto al Parlamento, acelerar los tiempos judiciales y no haya retardo, indicó una nota de prensa.

Como parte de las medidas a implementar en este proceso, el político venezolano adelantó la celebración de juicios en libertad, como lo establece la Constitución, el otorgamiento de beneficios y el cálculo de las redenciones en los tiempos establecidos.

Añadió que los beneficios excluyen a aquellas personas que cometieron delitos graves vinculados al narcotráfico, asesinato y violaciones, y aseguró la corresponsabilidad de los poderes Judicial, Ciudadano y Legislativo, bajo el impulso del Ejecutivo, garantice “buenos resultados”.

En el transcurso del presente año casi nueve mil personas fueron beneficiadas por la Ley de Amnistía y de ellos a más de mil ciudadanos que se encontraban encarcelados.

El pasado 29 de octubre la presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló que esa normativa aprobada por unanimidad se instruyó para contribuir a “sanar las heridas por años de confrontación entre hermanos”.

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