Durante una audiencia ante las comisiones conjuntas de Presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado, el titular afirmó que la propuesta forma parte de una estrategia gubernamental de mediano plazo, orientada a cumplir los compromisos asumidos y atender las prioridades nacionales.

Giorgetti señaló que la iniciativa no debe evaluarse solo por su dimensión financiera ni por sus efectos inmediatos, sino como una nueva etapa del programa económico emprendido por el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, indicó un reporte de la agencia Nova.

El ministro explicó que el Gobierno busca dar continuidad a las medidas ya adoptadas, reducir la necesidad de renovarlas cada año y reforzarlas cuando existan posibilidades, concentrando los recursos disponibles en sus principales objetivos económicos y sociales.

De igual forma, instó a la prudencia en la gestión de las cuentas públicas, lo cual, señaló, no constituye una restricción por sí misma, sino una condición para preservar la capacidad de intervención estatal ante eventuales dificultades.

Al referirse al escenario internacional, Giorgetti reconoció que persisten elevados niveles de incertidumbre, pese a que la economía mundial ha mostrado hasta ahora una capacidad de resistencia superior a las previsiones.

Entre los factores de riesgo identificó el fuerte incremento de los precios de la energía y el consiguiente aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo, variables que podrían repercutir en las cuentas públicas italianas y en el cumplimiento de los compromisos europeos relativos al déficit excesivo.

El titular de Economía agregó que el Ejecutivo apoya el aprovechamiento selectivo y responsable de los márgenes de flexibilidad contemplados en las normas de la Unión Europea, para responder a la crisis y respaldar prioridades estratégicas nacionales, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.

Las principales críticas al plan presupuestario para 2027 se concentran en la insuficiencia de recursos para sanidad, educación y pensiones, la temporalidad de buena parte de su financiación y la falta de medidas suficientes para estimular el crecimiento económico y proteger el poder adquisitivo.

Tales objeciones proceden de la oposición parlamentaria, los sindicatos, las administraciones regionales, asociaciones empresariales y, especialmente, de la Corte de Cuentas, que el pasado 9 de noviembre formuló observaciones durante las audiencias parlamentarias.

En tal sentido, advirtió que cerca del 70 por ciento de los ingresos utilizados para financiar las medidas presupuestarias tiene carácter temporal o corresponde a anticipos de recaudación. También cuestionó la concentración de numerosas ayudas exclusivamente en 2027, lo que traslada decisiones financieras a futuros presupuestos.

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