El próximo 15 de noviembre vence el plazo concedido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a los contribuyentes pequeños, micro y no clasificados para incorporarse al sistema establecido mediante la Ley 32-23.

Sin embargo, a pocos días de esa fecha, organizaciones comerciales advierten que numerosos establecimientos todavía no cuentan con las condiciones necesarias para completar el proceso y expresan preocupación por las exigencias tecnológicas y las posibles sanciones.

El debate trasciende una obligación administrativa y pone de manifiesto las desigualdades que caracterizan al tejido empresarial dominicano, donde conviven compañías con estructuras tecnológicas consolidadas y pequeños negocios que funcionan con recursos limitados, escaso personal y, en ocasiones, sin equipos informáticos ni conexión estable a internet.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, advirtió en días recientes que entre 60 mil y 100 mil establecimientos podrían enfrentar dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias.

Su organización reclama mayor flexibilidad y un período de transición que permita a las micro, pequeñas y medianas empresas completar los cambios sin comprometer sus operaciones.

La preocupación también alcanza a los colmados (mercados de barrio), salones de belleza, talleres y otros establecimientos, cuya capacidad económica y administrativa dista de la que poseen las grandes empresas.

Para muchos, la incorporación al sistema supone no solo aprender a utilizar una plataforma, sino disponer de equipos, conectividad y asistencia técnica.

La DGII, por su parte, defiende la medida como parte de la transformación de la administración tributaria y descarta conceder otra prórroga.

La institución informó que 100 mil contribuyentes ya operaban como emisores electrónicos y recuerda que dispone de un facturador gratuito para facilitar la incorporación de quienes todavía no han completado el procedimiento.

Sin embargo, para quienes se sienten afectados, confundir la gratuidad de la plataforma con la ausencia de gastos de adaptación supone desconocer las condiciones de una parte del pequeño comercio.

Otro motivo de inquietud son las consecuencias del incumplimiento. La legislación tributaria contempla multas y otras sanciones, entre ellas la clausura de establecimientos cuando concurran determinadas circunstancias agravantes.

No obstante, las autoridades han dicho que el vencimiento del plazo no significa que todos los negocios que permanezcan fuera del sistema serán cerrados automáticamente.

Esta distinción resulta fundamental para evitar tanto la alarma injustificada como la minimización de las obligaciones fiscales.

La facturación electrónica ofrece ventajas que no deberían subestimarse. Puede mejorar el control de las operaciones comerciales, reducir irregularidades, agilizar los procedimientos y fortalecer la transparencia tributaria. También representa una oportunidad para avanzar en la formalización de actividades económicas.

Analistas coinciden en señalar que la República Dominicana necesita modernizar su sistema fiscal, pero esa transformación precisa acompañamiento, capacitación, diálogo y comprensión de las realidades económicas de quienes deben cumplirlas. Sostienen que el desafío de las autoridades consiste en conciliar la eficiencia recaudatoria con la sostenibilidad del pequeño negocio, una parte esencial de la economía y del empleo en el país.

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