Uno de los acontecimientos de mayor repercusión fue el encuentro celebrado la víspera entre representantes del Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni y de los principales sindicados del país, para examinar el proyecto de ley presupuestaria, que contempla medidas por unos 26 mil millones de euros.

Tras una reunión de aproximadamente dos horas y media, el secretario general de la Unión Italiana del Trabajo (UIL), Pierpaolo Bombardieri, anunció que el Gobierno retiraría los recortes previstos para el personal docente y administrativo de las escuelas.

También informó sobre la apertura del Ejecutivo a incrementar los recursos destinados a la sanidad pública. Al respecto, la secretaria general de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL), Daniela Fumarola, señaló que la jefatura del país examina la disponibilidad de fondos adicionales para ese sector.

Sin embargo, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) calificó el encuentro de políticamente inútil y mantuvo su valoración negativa del presupuesto, al considerar que no responde a las principales emergencias sociales y económicas del país. La organización confirmó su convocatoria a una huelga general para el 20 de noviembre.

En paralelo, la secretaria del opositor Partido Democrático, Elly Schlein, reclamó una reescritura del proyecto presupuestario, con mayores asignaciones para sanidad, educación y protección social, y cuestionó las prioridades fiscales del Ejecutivo.

Otro tema de amplia repercusión fue la sucesión de amenazas de bomba enviadas por correo electrónico a miles de establecimientos educativos de distintas regiones.

Según datos provisionales de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 12 de noviembre fueron amenazadas tres mil 778 escuelas, de las cuales 77 resultaron evacuadas y 36 reanudaron las actividades docentes durante esa misma mañana.

El Gobierno anunció la preparación de procedimientos operativos para garantizar la seguridad y continuidad de los servicios públicos. La investigación judicial continúa para determinar el origen de los correos y la identidad de sus responsables.

En el ámbito económico, el Instituto Nacional de Estadística (Istat) publicó sus nuevas previsiones, según las cuales el Producto Interno Bruto italiano crecerá 0,9 por ciento en 2026 y 0,6 por ciento en 2027, después de un incremento de 0,6 puntos porcentuales en 2025.

El organismo advirtió sobre una desaceleración del consumo de los hogares y de las inversiones, en un contexto de aumento de los precios de las materias primas y de los costes energéticos.

Anticipó además una inflación de 3,3 por ciento en 2026 y de 2,8 por ciento el próximo año, medida a través del deflactor del consumo familiar.

La política climática también ocupó un lugar relevante en la agenda nacional, después que el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático 2027 situara a Italia en el puesto 41 entre 68 países y territorios evaluados.

El informe, elaborado por Germanwatch y NewClimate Institute y presentado durante la COP31 de Antalya, señaló dificultades en la evolución de las emisiones contaminantes, la transición energética y el cumplimiento de los objetivos climáticos.

En Roma, este sábado organizaciones ambientalistas, movimientos sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos participaron en una nueva edición del Orgullo Climático, movilización por la justicia climática y social que reclama una transición energética justa y el abandono progresivo de los combustibles fósiles.

La convocatoria reunió a miembros y simpatizantes de más de 80 organizaciones y coincide con la jornada internacional de acción climática y las negociaciones de la COP31.

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